Es por el manejo y el destino del dinero que las personas con problemas de adicción recolectaban. En total, allanaron 7 domicilios en San Luis capital y alrededores.
Este martes, a las siete de la mañana exactamente, efectivos de la Policía Federal de San Luis participaron de un operativo federal que investiga la trata de personas en distintos puntos del país. En la provincia, la fuerza de seguridad irrumpió en siete domicilios de la capital puntana y sus alrededores. Todas las viviendas requisadas tienen un nexo: funcionan como sede o tienen relación directa con Remar, la organización sin fines de lucro que, en teoría, asegura dar ayuda comunitaria a las personas que tienen problemas de adicciones y viven en condiciones precarias y de marginalidad para su reinserción en la sociedad.
Sin embargo, el Ministerio Fiscal, no solo de San Luis, sino de otras jurisdicciones del país, tiene elementos para pensar que la agrupación no funcionaba como tal ONG, sino que explotaba a quienes decía ayudar para hacerse con la recaudación de dinero.
Sobre los resultados de los procedimientos no trascendieron datos oficiales, solo que en las requisas no hubo aprehensiones, pero sí "muchas personas, no podría decir cuántas" que podrían ser víctimas, comentó una fuente ligada a la Justicia Federal.
Las personas a las que se refería son aquellas que, en el caso de comprobarse la hipótesis del Ministerio Fiscal, pueden considerarse "rescatadas".
"Por el momento no podemos decir si son rescatadas o no, porque hay que ver si ellas mismas quieren ser liberadas de la situación que están viviendo", aclaró el informante.
Entre los domicilios que el personal policial allanó, bajo las directivas del fiscal federal Cristian Rachid, estuvieron: La Merced 2020 (donde funciona la sede de Remar), Italia y Aristóbulo del Valle, y una vivienda en el Suyuque.
Según otra fuente, los efectivos revisaron tales domicilios con el fin de hallar elementos que puedan dar cuenta de cómo era manejado el dinero que los voluntarios de la ONG recaudaban a través de sus actividades.
Las averiguaciones "hicieron hincapié en cómo comercializaban y hacia dónde iba la plata que recolectaban los voluntarios que venden los distintos productos en bolsitas, porque lo recaudado en esas ventas tendría conexión con algunas cuentas en el exterior", detalló.
Los procedimientos se extendieron hasta la tarde. Pero los de este martes no serán los únicos. De acuerdo a la fuente judicial, hasta el viernes están previstos 39 allanamientos en todo el país, de los que ya "se concretaron la mitad".
No es la primera vez que Remar se ve envuelta en un escándalo. La ONG que funciona en más de 70 países tuvo un problema en Río Cuarto en 2016, cuando dos de sus miembros, el pastor Pedro Martín Gómez y su colaboradora María Maite Varela Lorenzo, fueron denunciados y posteriormente imputados por “Trata de personas mayores y menores de edad con fines de explotación laboral mediante amenazas, coerciones, abuso de autoridad, abuso de situación de vulnerabilidad, agravado por la cantidad de víctimas”.
