Pablo Tapia Miranda fue acusado de "Homicidio simple" después de haber apuñalado fatalmente a un delincuente mientras realizaba tareas de sereno. Además, se le han presentado cargos por "Abuso sexual simple calificado por el vínculo" contra una menor.
Pablo Tapia Miranda, el sereno de 30 años que el viernes pasado mató a puñaladas a un delincuente en la Escuela Especial Nº 9 Apadis, compareció en una audiencia este sábado. Los fiscales María del Valle Durán y Claudia Heit formularon cargos contra el hombre de nacionalidad chilena por "homicidio simple", y pidieron una medida preventiva de cuatro meses de prisión mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra. Sin embargo, la defensora oficial, Nadia Gómez, solicitó una prórroga de ocho días para mejorar la situación procesal de su defendido. El juez a cargo de la audiencia, Marcos Flores Leyes, concedió la prórroga, por lo que Tapia Miranda permanecerá ocho días en prisión mientras se resuelve su situación procesal.
La fiscalía argumentó que existen "elementos de convicción suficientes sobre la existencia del hecho y la autoría" de Tapia Miranda, y que existe peligro de fuga debido a la gravedad del delito. Entre los elementos de prueba, se encuentra el cuchillo utilizado en el crimen, las entrevistas con la pareja del hombre y la llamada al 911 que alertó sobre el hecho. También se presentó un video enviado por Tapia Miranda a la madre de su hija.
El forense encargado de la autopsia del cuerpo de la víctima indicó que la causa de la muerte fue una apuñalada en el corazón que derivó en un shock hipovolémico, y aún se esperan el informe final de la necropsia, entrevistas con el personal policial y testigos, así como los resultados de algunas pericias.
Además, se presentaron más cargos contra Tapia Miranda en una causa paralela por "abuso sexual simple calificado por el vínculo" contra una menor. La denuncia fue realizada por una pariente que aseguró que su hija le había contado sobre el abuso en la tarde previa al crimen en Apadis. La fiscalía solicitó una prohibición de acercamiento y de contacto por cualquier medio a la víctima y a la denunciante.
