La ex secretaria de deportes autorizó el giro a San Luis Fútbol Club que preside ella y su pareja, que también era funcionario. El nuevo Gobierno la intimó y se analiza el inicio de acciones penales.
En un sorprendente giro de acontecimientos, la ex secretaria de Deportes del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá, Cintia Ramírez, quien también preside el San Luis Fútbol Club, enfrenta un escrutinio legal por autorizar la transferencia de $290 millones de pesos al club de fútbol. Este hecho ha suscitado la intervención del nuevo Gobierno, que ha enviado una carta documento a Ramírez, mientras se evalúa la posibilidad de iniciar acciones penales.
El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, ha confirmado el envío de la carta documento y está recopilando documentación relevante para respaldar las acciones legales. Bazla expresó su preocupación por la situación, señalando que Ramírez ocupó simultáneamente roles clave como secretaria de Deporte de la Provincia, presidenta del ente de Deporte San Luis, y presidenta del San Luis Fútbol Club, lo que plantea interrogantes sobre la legalidad de la transferencia de fondos del Estado.
Bazla ha calificado la situación como "absolutamente irregular" y ha sugerido la posibilidad de presentar una denuncia penal, aludiendo a posibles figuras legales como asociación ilícita, negociaciones incompatibles de funcionarios públicos y abuso de autoridad.
En cuanto a los implicados en el movimiento de fondos, se destacan nombres como Javier Santagata, gerente general del ente de Deporte San Luis y revisor de cuentas del San Luis Fútbol Club; Agustín Alessio, jefe de programa de los Centros Deportivos, gerente del San Luis Fútbol Club y pareja de Ramírez; Miriam Leguizamón, secretaria privada de Ramírez y jefa de compras del ente del Deporte San Luis y vocal primera del San Luis Fútbol Club; y Vanina Brito, jefa del programa de Eventos Deportivos y vocal segunda de San Luis Fútbol Club.
Bazla también ha adelantado que presentará la documentación ante el fiscal de Estado, Víctor Endeiza, para respaldar las acciones legales. La intimación judicial a los funcionarios de la gestión anterior por no dejar un registro detallado de la gestión agrega un elemento adicional a la complejidad de esta situación.
