Es un reclamo de la oposición para discutir un eventual apoyo en el Senado. Tampoco se quiere negociar la alternativa de impedir que funcionarios públicos accedan al beneficio.
El oficialismo en el Senado está dispuesto a discutir y negociar muchos de los aspectos del proyecto de creación del "Fondo Nacional para la Cancelación de la deuda con el FMI" para pagar la deuda que el país mantiene con el organismo por unos US$44.700 millones; para que tenga no sólo aprobación próxima en la Cámara Alta; sino que haya final feliz también en Diputados, donde el poroteo es más complicado. Pero, por ahora, hay dos capítulos que el kirchnerismo no acepta debatir: que se lo llame oficialmente blanqueo, y que se elimine a los funcionarios públicos del beneficio. El resto de los capítulos, podría eventualmente debatirse; siempre que lo que se discuta y acuerde en el Senado se respete luego en Diputados. Difícil.
Según le dejó en claro ayer el oficialismo a la oposición de la Cámara Alta, de ninguna manera se aceptará el concepto de blanqueo para un proyecto que tiene la característica de un relato de justicia social: quitarle dinero fugado a los evasores del Gobierno del macrismo, para cubrir a los sectores populares del esfuerzo del pago del Facilidades Extendidas.
La oposición tiene una visión distinta. Se lo ve como "un blanqueo encubierto disfrazado de populismo, porque parte del 20% en lugar del 35% que establecen las normas actuales. Si a esto se suma el 30% de lo recaudado para la figura del ‘Colaborador’, los ingresos al fondo se reducirían al 14%. Todo esto sin importar el origen de los fondos, pudiendo así blanquearse dinero de la corrupción u otras actividades delictivas”, según un comunicado de Juntos por el Cambio. La intención de los legisladores opositores es que en el texto quede en claro el concepto de blanqueo.
Así lo dejó en claro ayer el invitado por JxC para analizar el proyecto, Andrés Edelstein, ex secretario de Ingresos Públicos de la gestión Cambiemos que quien señaló que “la finalidad de este fondo, que es cancelar la deuda con al FMI, es válida”. Y agregó: “Los medidos que se propone este proyecto tienen que ver con un régimen de regulación especial para lo cual se crea un aporte extraordinario que permite financiar la cancelación”. Para Edelstein, este esquema genera “menor carga tributaria que la que tendría un evasor por las normas ya existentes”. “Entendido esto como un régimen excepcional de regularización, o blanqueo, creo que no es oportuno, porque este sería el quinto un régimen de estas características en los últimos años, un récord absoluto”. Para el oficialismo, reconocer este dato es, directamente, imposible.
El otro capítulo donde el kirchnerismo se mantiene duro es en el reclamo de la eliminación de los funcionarios públicos para acceder al beneficio. Según el texto actual, los funcionarios públicos de cualquier nivel o repartición actual o que haya ocupado un cargo en el pasado, podrían sumarse al blanqueo que lanzó el oficialismo. Esto incluye, obviamente, a los integrantes del actual Gobierno de Alberto Fernández, todos los legisladores (incluyendo del oficialismo) y la Justicia; además de los miembros de la gestión macrista, la kirchnerista, y cualquiera hacia atrás.
Así, de no mediar cambios en el texto que se perfila será el tratado por el Senado en algún momento de abril, todos los interesados que hayan pasado por la función pública, o que lo estén haciendo en la actualidad, podrían declarar sus posesiones en divisas o bienes registrables, pagar el 20% y blanquear hacia delante el fruto de su evasión, lavado o cualquier otro delito no especificado como no incluido.
Mientras tanto, por lo que se sabe del proyecto, sólo podrían ingresar los poseedores de bienes en el exterior; tanto en bancos o mercado de capitales como en bienes que hayan sido registrados, como viviendas, inmuebles, autos, yates, aviones, obras de arte, etc. Las personas físicas que hayan elegido huir del sistema financiero local (por cualquier motivo), pero que decidieran resguardar el dinero dentro del país pero sin declararlo (en cajas de seguridad, colchones, etc.), no podrán ingresar en el llamado.
Y deberán esperar otra oportunidad. Algunos integrantes del Ejecutivo protestan. Consideran que el blanqueo debería ser total, y alcanzar a cualquier residente (o no tanto) que quiera anunciarle al estado que tiene divisas y bienes sin declarar fruto de una huida del sistema financiero; y que se le permita declararlos.
Finalmente, si no cambia la motivación política final del blanqueo, "Fondo Nacional para la Cancelación de la deuda con el FMI" sólo servirá para crear una caja particular en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) destinada a cumplir con los compromisos ante el Fondo Monetario Internacional. Como el Facilidades Extendidas firmado indica que la primera cuota debería pagarse en 2026; el dinero conseguido en el blanqueo deberá esperar hasta ese año para liquidarse. Mientras tanto, quedaría adormecido e intocable.
Salvo que ocurran dos cosas. La primera es que se recauden con el llamado más de US$44.700 millones, y se pueda pagar al contado la deuda que el país mantiene con el FMI por el Stand By firmado en 2018 durante el Gobierno de Mauricio Macri. Y así se pueda cumplir el gran sueño y esperanza del kirchnerismo: liquidar otra vez al contado una deuda con el FMI, ejecutando el acto en lo posible, durante la campaña electoral del segundo semestre 2022. Para que esto ocurra, el blanqueo lanzado por el kirchnerismo debería recaudar un mínimo de 130.000 millones de dólares declarados, lo que implicaría igualar al llamado por el macrismo entre 2016- 2017.
La segunda alternativa, es que el dinero se libere, y que desde el BCRA se pueda disponer de los fondos para ejecutar políticas monetarias, cambiarias o similares; siempre bajo el compromiso que cuando llegue el momento de pagar, el Ejecutivo de turno devuelva el dinero a la cuenta original. Si se diera esta opción, piensan en varias oficinas del oficialismo, podría haber un potencial estímulo a la economía real; con la alternativa que residentes locales puedan derivar sus dólares blanqueados hacia alternativas como la compra de inmuebles, inversiones en bienes de capital para empresas o, simplemente, depositarlos en el sistema financiero argentino. Siempre y cuando haya confianza en que ejecutando esta alternativa, sus posesiones financieras estarán a salvo. Algo que debería garantizar el proyecto de ley que presentó el kirchnerismo.
