Claudio Poggi, gobernador electo, ha tomado medidas decisivas respecto a las acciones administrativas del actual gobernador, Alberto Rodríguez Saá, así como de funcionarios y empresarios vinculados a polémicas decisiones que impactan la economía provincial.
En una reciente reunión con el abogado penalista Pablo Lanusse, se evaluaron los actos administrativos adoptados por Rodríguez Saá después de las elecciones del 11 de junio. Dichas acciones, cuya legalidad ha sido cuestionada desde el principio, representan una potencial amenaza económica que la futura administración deberá abordar de inmediato.
Lanusse, conocido por su experiencia en la administración pública y fiscalía federal, se unió al equipo de Poggi después de que Rodríguez Saá rechazara la propuesta de una transición ordenada y optara por establecer un "gobierno paralelo" para obstaculizar la transición.
En el centro de la investigación se encuentran Rodríguez Saá, funcionarios de diversos niveles y empresarios involucrados en licitaciones judiciales, como la Ciudad Judicial y la obra vial en la Ruta N° 1, donde empresas como Semisa, Rovella Carranza SA y Serving SRL han estado involucradas, a pesar de los esfuerzos de Poggi para llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia.
Hace dos semanas, en una entrevista con Cadena 3, Poggi adelantó posibles acciones legales: "Con la ley y la Constitución en mano, deberé anular esas obras faraónicas y denunciar el vaciamiento del Estado, un saqueo del Estado provincial. A esta altura, parece que hay complicidad entre el Gobierno saliente, que licita obras faraónicas a un mes de irse, y algunas empresas constructoras que participan en estas licitaciones. Esto implica responsabilidades patrimoniales tanto para los funcionarios como para los contratistas, y seguiremos de cerca todo esto".
Entre los actos cuestionados se encuentran:
- La designación de 53 funcionarios con sueldos de $1 millón en la Legislatura.
- El nombramiento de la rectora de la Universidad de La Punta, promovida por la actual senadora nacional, Eugenia Catalfamo.
- Contrataciones y licitaciones que exceden el mandato del 10 de diciembre de 2023.
- La designación del fiscal de Estado.
