La jueza Laboral N°2, María Eugenia Bona, ha dictado una medida cautelar en respuesta a la presentación realizada por Claudio Poggi. Esta disposición abarca al Poder Ejecutivo, la administración central y descentralizada, organismos autárquicos, entes desconcentrados del Estado, agencias y sociedades.
En el inicio de la semana, la Justicia ordenó detener y suspender los llamados a licitación, así como las adjudicaciones y contrataciones de obra pública que excedan el mandato de Alberto Rodríguez Saá.
La semana pasada, Claudio Poggi, gobernador electo, respaldado por Ricardo Endeiza, presentó una acción de amparo en la Justicia provincial. En dicha presentación, se solicitó una medida cautelar debido a la presunta inconstitucionalidad de las acciones llevadas a cabo por el Ejecutivo.
La razón detrás de esta acción judicial fueron los llamados a licitación, adjudicaciones o contrataciones realizadas por Rodríguez Saá después de las elecciones del 11 de junio, que exceden su mandato, el presupuesto 2023 y comprometen los recursos del próximo gobierno.
Este lunes, la jueza Laboral N°2, María Eugenia Bona, aceptó la medida cautelar y ordenó la suspensión de todos los actos que trascienden el 10 de diciembre.
La decisión afecta al “Poder Ejecutivo, la administración central y descentralizada, organismos autárquicos, entes descentralizados del Estado, agencias y sociedades de Estado, y cuya ejecución pudiera exceder el actual mandato gubernamental hasta el 09/12/2023”.
Hoy también fueron notificados el gobernador, el ministro de Hacienda, Eloy Horcajo; el de Obras Públicas, Alberto Rodríguez Saá (h); el fiscal de Estado, Roald Cattaneo; y la contadora General, María Verónica Di Gennaro.
