La agresora le ofreció una suma de dinero a la víctima y tareas comunitarias a cambio de suspender el debate.
El Código Procesal Penal vigente en la provincia ofrece varias alternativas para resolver un conflicto judicial sin llegar a un debate oral y una de ellas fue utilizada esta semana para un caso ocurrido a principios de este año, en el norte puntano. La madrugada del 5 de febrero pasado, Cinthia Guiñazú apuñaló por la espalda, con un cuchillo de carnicero, a Romina Díaz a la salida de un boliche en la localidad de San Martín.
La agresora fue imputada por el delito de “Lesiones graves”, pero este jueves ofreció un resarcimiento económico y se comprometió a realizar tareas comunitarias a cambio de la suspensión de juicio a prueba. El juez le hizo lugar.
El conflicto entre las mujeres y parte de sus familias no era nuevo, y al momento de la agresión ya constaban exposiciones de eso en la Comisaría Distrito 27 de San Martín. Según refirió la propia víctima a los medios mientras estuvo internada en el Hospital Central “Ramón Carrillo”, Guiñazú y su entonces pareja les habían tirado el auto encima a ella y a su hermano en algunas oportunidades, y esa madrugada volvieron a hacerlo.
“Luego de tener una discusión se fueron, pero ella y su novio volvieron a la hora, aproximadamente. Atacaron a mi hermano y a un amigo que estaba con él. Cuando llegué al lugar de la pelea, sentí una piña en la espalda”, refirió Díaz, quien en realidad había sido apuñalada en la región costal lateral izquierda, hacia las lumbares, cerca de las 6:20, según consta en el expediente.
En la parte exterior, la herida tenía 3 centímetros de longitud, pero sus 10 centímetros de profundidad comprometieron las costillas y un pulmón, por lo que tuvieron que colocarle un drenaje. A pesar de eso, la víctima fue dada de alta tres días después, el 8 de febrero al mediodía, tras lo cual formalizó la denuncia ante la Policía y la Justicia.
La semana próxima al alta, a Guiñazú le formularon cargos por “Lesiones graves”, pero no quedó detenida. Lo que sí, la Justicia dictó una serie de medidas para que cesaran las agresiones entre las partes involucradas y sus familias, y este jueves, en la audiencia ante el juez Matías Farinazzo Tempestini, la fiscal Débora Roy Gitto prestó conformidad a la suspensión del juicio a prueba bajo la condición de que tanto la imputada como su grupo familiar se comprometan a no incurrir en nuevas conductas de hostigamiento hacia la familia Díaz.
Tras la lectura de la acusación por parte de Roy Gitto y la fiscal adjunta Lorena Ohanian, fue el abogado defensor Orlando Villegas quien propuso que su clienta cumpla tres horas semanales de tareas comunitarias en el municipio de San Martín y ofreció un resarcimiento económico de 132 mil pesos, pero Díaz no estuvo de acuerdo con el monto y Guiñazú tuvo que cuadriplicarlo, a 400 mil en cuatro cuotas consecutivas de 100 mil para cerrar el acuerdo.
Con la anuencia de la damnificada, el juez de Garantías 1 de la Tercera Circunscripción resolvió suspender el juicio a prueba por el término de un año y medio, y le impuso a Guiñazú pautas estrictas de conducta que, de no acatar, harán que el beneficio sea revocado.
El cumplimiento de lo convenido será controlado por el Juzgado de Ejecución de la Tercera Circunscripción Judicial.
